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El actual presidente del consejo de Refinería Dominicana de Petróleo, Samuel Pereyra Rojas, rompió el silencio este fin de semana mediante una declaración pública en la que denunció ser víctima de un supuesto esquema de extorsión, difamación y ataques dirigidos contra su familia, incluyendo a sus hijos menores de edad. El funcionario informó que inició acciones legales en el estado de Florida, Estados Unidos, contra Carlos Rubio, a quien acusa de utilizar redes sociales y publicaciones digitales para presionarlo tras negarse, según afirma, a entregar una “ayuda económica”.
En un comunicado cargado de tono personal y político, Pereyra defendió su paso del sector privado al servicio público desde el año 2020 y advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, representan este tipo de prácticas para la institucionalidad democrática y la participación de profesionales en la gestión estatal. El ejecutivo aseguró que respeta la libertad de expresión y la crítica pública, pero sostuvo que la difamación, el chantaje y la exposición de menores deben ser enfrentados “con todo el peso de la ley”.
Declaración Pública integra de Samuel Pereyra
En el año 2020 acepté dejar mis responsabilidades en el sector privado para asumir el reto, por primera vez en mi vida, de trabajar en el sector público, dirigiendo el Banco de Reservas en uno de los momentos más difíciles que han vivido nuestro país y el mundo: una pandemia, incertidumbre económica y enormes desafíos para las familias dominicanas. Hoy continúo en el servicio público como Presidente del Consejo de la Refinería Dominicana de Petróleo.
Mi familia y yo decidimos asumir ese compromiso porque creemos en la República Dominicana y porque entendemos que, cuando a uno le toca servir, debe hacerlo con seriedad, entrega y responsabilidad.
Mucha gente no conoce el costo personal y familiar que implica el servicio público: los momentos familiares que no vuelven, las horas lejos de tus hijos, el sacrificio, la exposición pública, las presiones, los ataques y las injusticias. Sin embargo, poder impactar y ayudar a las personas, y trabajar diariamente en los cambios y transformaciones que necesita nuestro país compensa en gran medida esos sacrificios.
Durante estos años de servicio público, nunca había tenido que manifestarme públicamente sobre comentarios o acciones de terceros, pero hoy me veo en la obligación moral de hacerlo para sentar un precedente, porque una cosa es aceptar los ataques que usualmente vienen con el cargo público y otra muy diferente es permitir que utilicen lo más sagrado que tengo en la vida, mi familia, para tratar de extorsionarme.
Decidí iniciar acciones legales contra el señor Carlos Rubio, quien ha incurrido en conductas de extorsión, difamación y uso indebido de información e imágenes relativas a mi persona y a mi familia, incluyendo a mis hijos menores de edad.
He procedido a interponer una demanda en el Estado de la Florida, Estados Unidos de América, lugar donde reside actualmente dicho individuo.
La crítica y el debate público constituyen elementos esenciales de toda sociedad democrática. Sin embargo, no pueden ser utilizados como pretexto para la difusión de informaciones falsas, ni como mecanismos de presión orientados a la obtención de beneficios económicos indebidos. Los hechos que motivan esta acción responden a un esquema de chantaje en el que, tras negarme a entregarle una “ayuda económica”, el señor Carlos Rubio comenzó a realizar ataques sistemáticos a través de sus redes sociales, dirigidos a lesionar mi reputación y, de manera particularmente grave, a involucrar y exponer a mi familia.
Ante la gravedad de estas actuaciones, he decidido recurrir a las instancias legales correspondientes, incluyendo jurisdicciones internacionales, con el propósito de proteger mis derechos y los de mi familia, así como de establecer un precedente frente a este tipo de conductas.
Este tipo de prácticas pone en riesgo la vida institucional del país, porque cuando ciudadanos de bien ven que servir al Estado puede significar que ataquen a sus hijos, persigan a su familia o intenten destruir su honor, muchos deciden no participar. Hago un llamado a empresarios, políticos, funcionarios públicos, periodistas y a todos los sectores de la sociedad que se sientan afectados: cortemos de una vez por todas estos esquemas de chantaje y extorsión.
No se puede seguir premiando este tipo de conductas. No podemos permitir que personas sin escrúpulos utilicen las redes sociales para destruir familias, carreras y reputaciones.
Reitero mi respeto por la libertad de expresión y el derecho a la crítica responsable. No obstante, la extorsión, la difamación y la exposición destructiva de menores de edad constituyen abusos que deben ser sancionados severamente conforme a la ley y repudiados por la sociedad.
