Los intensos operativos migratorios dejan fincas vacías y cultivos abandonados. Los agricultores advierten de que la crisis podría colapsar una industria esencial

Media hora al sur de Miami, en los Redlands, el paisaje cambia totalmente. Apenas a unos 50 kilómetros del lujoso Brickell y la famosa Calle 8 y Pequeña Habana, y tras pasar los suburbios del suroeste del condado, aparecen vastos campos de cultivos que se pierden en el horizonte. Los viveros de plantas ornamentales, como orquídeas, arecas y palmas de todos tipos aparecen uno tras otro a ambos lados de las avenidas y calles principales, con carteles que anuncian “nursery” —como se llama en inglés a los viveros, pero que los pobladores de la zona, en su mayoría inmigrantes centroamericanos que trabajan en el campo, llaman “nurserías”.

Uno de los viveros está abierto —la entrada es una apertura en la cerca de malla. Una vez dentro no se ve a nadie, solo hileras de plantas de diferentes tipos y tamaños en macetas de plástico negro. Después de unos minutos, aparece un empleado. Es mexicano, vive en una humilde casa móvil en el vivero que tiene fuera una mesa plástica con sillas blancas y un toldo para el sol. Enseguida aparecen dos niños, luego son tres que miran inquietos desde la distancia. Todas las plantas están a la venta, pero no están haciendo envíos, dice el hombre, que pide no revelar su identidad por miedo a las autoridades de inmigración.

“Yo tengo licencia de conducir y todo, pero con la situación como está ahorita, no estamos saliendo”, se disculpa amablemente.

Una ofensiva migratoria en fincas, construcciones y carreteras en Florida que se ha extendido por varios meses ha generado un clima de terror entre los trabajadores del campo, según grupos de defensa de los inmigrantes. Adyacente a los Redlands, en la ciudad de Homestead, donde el 70% de los habitantes son hispanos y vive la mayoría de los trabajadores agrícolas de la región, el miedo ha entrado a los hogares. Muchas personas evitan salir de las casas a trabajar, llevar los hijos al colegio o ir al médico por temor a ser detenidos, explican los residentes, capataces de fincas, administradores, dueños de viveros y activistas de inmigración.

En Florida vive una de las mayores poblaciones de inmigrantes en situación irregular, se estima en 1,2 millones. Aproximadamente la mitad de los trabajadores agrícolas en el Estado son inmigrantes, y casi la mitad son indocumentados, según los grupos de investigación.

También se han realizado cientos de arrestos en complejos operativos coordinados entre departamentos de policía locales y agencias estatales y federales, como la Patrulla de Carreteras (FHP), La Patrulla Fronteriza (CBP), y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), bajo un programa conocido como 287(g). DeSantis y su fiscal general, James Uthmeier, han impulsado el programa, con el que lograron más de 200 acuerdos desde comienzos de año, el mayor número de todo el país, incluyendo uno con la policía de ciudades de mayoría inmigrantes, como Miami, Doral, y Homestead. Uthmeier, además, ha presionado para sacar adelante una ley que criminalice la entrada de inmigrantes indocumentados al Estado que ha sido impugnada en la corte.

Los registros electorales del condado Miami-Dade muestran que la mayoría de los hispanos en Homestead están afiliados al Partido Republicano. El jefe de la policía de Homestead, Mario Knapp, aseguró a EL PAÍS que el ICE no está realizando redadas ni puntos de control migratorio en Homestead, y que solo habían entrado a la ciudad en dos ocasiones en el último mes, a “direcciones específicas” buscando a determinados individuos con cargos criminales.

Como resultado del 287(g), muchos no pueden distinguir entre las diferentes autoridades y desconfían de todos. Residentes de Homestead, trabajadores y dueños de viveros aseguran que se nota una actividad sin precedentes del ICE, CBP, y FHP, y la policía condal. Patricio Lugo, que atiende un vivero, no ha visto a las autoridades, pero ha “escuchado que andan en las calles arrestando gente”, parando carros y revisándolos. “La palabra corre y la gente se empieza a alarmar”, indica.

El programa de visas H2A permite a los negocios agrícolas contratar extranjeros, pero muchos se quejan de los altos costos —unos 1,130 dólares por persona, más gastos adicionales, como tarifas consulares, transporte y vivienda. Aunque la cantidad de visados se ha triplicado en la última década —con 378.000 visas emitidas en 2023— apenas constituyen el 20% de los trabajadores de la industria, según cifras oficiales. “Es muy caro para los dueños de fincas”, explica Ruiz, de la Asociación de Campesinos.

Arturo López, de la Coalición de Organizaciones de Trabajadores Agrícolas de Florida, con sede en Homestead, que ofrece asistencia legal, capacitación, y servicios comunitarios a trabajadores agrícolas y sus familias —solo a aquellos con estatus legal, pues recibe fondos federales— dice que están pensando cambiarse el nombre, porque los trabajadores agrícolas se están acabando en la región. “En unos cuatro o cinco años ya no vamos a tener esta organización porque ya no va a haber trabajadores agrícolas que califiquen para estos programas. Los que estaban aquí ya son muy ancianos y no pueden trabajar, y los hijos no quieren esta labor. Lo que están haciendo [las empresas] es buscar trabajadores H2A”, añade.

El costo de la H2A es prohibitivo para los pequeños negocios, sostiene el dueño de un vivero en Homestead que pidió el anonimato por temor a represalias. “El negocio del nursery no da mucho dinero. Al final del día, la mano de obra de la gente inmigrante es necesaria”, señaló. Viegues, cuya familia ha tenido la nursería por generaciones en los Redlands, cree que “pronto no va a haber plantas” para las nuevas urbanizaciones que se construyen en Miami. “No podemos pagar más, y nadie quiere trabajar por ese salario”.

“Es una pena porque no hay tierra como aquí en los Redlands. Si nadie quiere trabajar estas fincas, no va a haber esta fruta, estos aguacates”, dice con pesar. “Al final, la presión es política”.