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Cada poste derribado, cada medidor destruido, cada intervención ilegal en las redes eléctricas no es un simple incidente técnico. Es un atentado directo contra bienes públicos, contra recursos del Estado y contra la estabilidad de un sistema que sostiene la vida económica y social del país.
Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen —y que pocas veces se responde con claridad— es: ¿por qué no se sanciona con mayor severidad a quienes provocan estos daños?
La infraestructura eléctrica no pertenece únicamente a una empresa distribuidora. Representa inversiones millonarias realizadas con recursos públicos, financiamiento estatal y aportes que, directa o indirectamente, provienen de los ciudadanos. Cuando un tercero manipula redes, rompe medidores o impacta un poste por imprudencia, no solo genera un gasto de reposición: provoca pérdidas materiales, costos operativos imprevistos y presiones financieras que terminan ampliando el déficit del sector eléctrico.
A los daños visibles —postes, transformadores, cables, equipos de medición— se suman costos menos evidentes, pero igual de significativos: movilización de brigadas, horas extra, uso de equipos especializados, combustible, interrupciones del servicio y reposición de inventario. Todo esto ocurre mientras la prioridad institucional es restablecer la energía a la comunidad en el menor tiempo posible.
Cuando no hay consecuencias firmes, el mensaje que se envía es peligroso: que atentar contra la infraestructura eléctrica no tiene un costo real para quien lo hace. Pero sí lo tiene. Y lo asume el sistema. Y cuando el sistema asume, el impacto recae sobre el Estado y, en última instancia, sobre la sociedad.
Se hace impostergable revisar y fortalecer el marco legal vigente para que los daños a la infraestructura eléctrica sean tipificados con mayor severidad y proporcionalidad al impacto que generan. No se trata de una falta menor: hablamos de pérdidas económicas para el Estado, interrupciones de un servicio esencial, riesgos para la vida humana y un aumento del déficit financiero que afecta a toda la sociedad. La ley debe establecer sanciones ejemplares, ágiles y efectivas, que incluyan responsabilidades civiles y penales claras, así como mecanismos de recuperación de costos. Del mismo modo, es fundamental que las autoridades civiles y militares actúen.
La mejora del sector eléctrico no depende únicamente de inversiones, modernización tecnológica o reformas administrativas. Requiere también una cuota clara y decidida de responsabilidad ciudadana. Respetar las redes, denunciar intervenciones ilegales, conducir con prudencia, no manipular equipos y comprender que la energía es un servicio esencial son acciones que forman parte del compromiso colectivo con el desarrollo.
No podemos exigir un servicio más estable y eficiente mientras toleramos conductas que lo debilitan. No podemos hablar de sostenibilidad financiera si permitimos que los daños queden impunes. Y no podemos fortalecer el sistema eléctrico si no entendemos que su protección es una responsabilidad compartida.
La infraestructura eléctrica es patrimonio nacional. Cuidarla no es solo una obligación legal; es un deber ético. Porque cada acción irresponsable que la afecta no golpea a una institución: golpea al país.
