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Santo Domingo.– La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dejó firme la sentencia que reconoce el derecho de Rosa Euris Ramírez Feliz de Cuello a ser reintegrada como servidora pública de carrera en la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y al pago de los salarios y demás derechos dejados de percibir durante el período en que ha permanecido fuera de sus funciones.
Ramírez Feliz de Cuello, representada por la abogada Yulibelys Wandelpool Ramírez, especialista en Derecho Administrativo y directora legal de Lextratega Servicios de Consultoría, notificó formalmente a la DGCP la decisión judicial y requirió su cumplimiento, incluyendo el reintegro y el pago de RD$2,953,640.17 calculados a la fecha, más los salarios y demás derechos que continúen generándose hasta que se produzca el reintegro efectivo.
Mediante la sentencia SCJ-TS-26-1522, de fecha 31 de julio de 2026, la Suprema Corte rechazó el recurso de casación interpuesto por la DGCP contra la sentencia núm. 0030-03-2025-SSEN-00635, de fecha 19 de diciembre de 2025, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo.
La decisión del Tribunal Superior Administrativo declaró la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales fue desvinculada Ramírez Feliz de Cuello y ordenó a la DGCP reintegrarla a las funciones que desempeñaba en la División de Correspondencia y Archivo, o a otra posición de igual categoría, estabilidad y remuneración, con un salario mensual de RD$65,000.00.
Asimismo, el tribunal ordenó el pago de los salarios dejados de percibir y los derechos adquiridos desde su desvinculación, ocurrida el 4 de marzo de 2024, hasta la ejecución total del reintegro, además de RD$59,990.77 correspondientes a vacaciones no disfrutadas del año 2023.
En el acto de notificación y puesta en mora, la abogada Yulibelys Wandelpool Ramírez, directora legal de Lextratega Servicios de Consultoría, requirió a la DGCP el cumplimiento integral de ambas decisiones judiciales. El monto reclamado asciende actualmente a RD$2,953,640.17, sin perjuicio de las sumas adicionales que continúen generándose mientras no se produzca el reintegro efectivo de la servidora pública.
La Suprema Corte estableció, además, que la nulidad del acto administrativo de desvinculación tiene como consecuencia jurídica reponer el estado de cosas existente antes de su emisión, lo que implica el reintegro de Rosa Euris Ramírez y el reconocimiento de los derechos y beneficios inherentes a su condición de servidora pública.
El alto tribunal también rechazó el argumento de la DGCP de que el Tribunal Superior Administrativo había incurrido en exceso de poder, al determinar que los jueces actuaron dentro de sus atribuciones al ejercer el control jurisdiccional de legalidad y garantizar la tutela efectiva de los derechos fundamentales.
